¡A cumplir con lo prometido!
¡A cumplir con lo prometido!
Por Luis Alberto Loyola MoralesLas demandas sociales han puesto mayoritariamente a la educación como tema central que el país debe abordar para enfrentar la desigualdad. En este contexto se requiere un fuerte avance en la superación de la desigualdad educacional y la segregación, fortaleciendo la educación pública en todos sus niveles.
Esperamos que avancemos con paso firme para mejorar la calidad de la educación, reducir la segregación con un Chile más integrado socialmente y con mayor inclusión.
Al referirnos a la Educación Superior de nuestro país surge de inmediato la esperanza que en este periodo presidencial se implementen las políticas para modificar el paradigma del Mercado como único eje rector de la educación, a través de la redefinición del rol del Estado en todos los niveles educativos, en particular, en Educación Superior el paradigma debiera evolucionar desde un Estado imparcial a un Estado regulador y con mayor participación en el servicio educativo.
El rol del Estado deberá fortalecerse por medio de una nueva institucionalidad que contemple el nuevo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, una nueva Agencia de Acreditación y además con la voluntad de fortalecer instituciones de educación terciaria públicas con énfasis en las universidades estatales junto a la propuesta de creación de instituciones de formación técnica-profesional en el ámbito público.
Esta institucionalidad debe considerar una nueva ley general de educación superior, que señale explícitamente la prohibición al lucro en las universidades y eleve los requisitos para obtener el reconocimiento oficial, el licenciamiento de las instituciones, carreras y sedes. Incluir la definición de los diferentes tipos de instituciones y ojalá se considere como universidad aquella institución que realiza investigación de manera general o en áreas específicas.
Una Universidad verdadera debe de desarrollar postgrados, extensión y vinculación con una planta estable de capital humano avanzado. Esta nueva ley debe establecer la naturaleza jurídica de las universidades estatales, como una corporación de derecho jurídico sujeta a un estatuto jurídico propio. Las universidades estatales y las regionales no pueden seguir esperando que el Estado asuma su rol subsidiario y se haga cargo de su financiamiento con las exigencias propias del sistema público.
Deberá existir una relación directa entre la gratuidad y el nuevo sistema de financiamiento de la Educación Superior Pública, asumiendo en plenitud que la Educación es un derecho.
