Declaración Pública Facultad de Educación Universidad de Antofagasta
La Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta. Por un nuevo sentido de país
La misión de la universidad está indisolublemente unida a la búsqueda de la creación, formulación y transmisión de conocimientos que conduzcan al desarrollo económico, social y cultural de la sociedad. Ante este contexto, como académicos, estudiantes y administrativos de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta, nos conectamos con la idea de que en estos momentos tan sensibles para nuestro país, la universidad debe apropiarse de su sentido político, social y cultural. Consideramos fundamental preservar los valores esenciales de la democracia, los que están cimentados en el entendimiento democrático y en la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, hacemos un llamado a poner fin al Estado de Excepción Constitucional en nuestro país e instamos, enérgicamente, al diálogo y al respeto irrestricto de los derechos humanos.
Ante la situación actual, nuestra Facultad ha planteado desarrollar una reflexión de la Educación desde tres dimensiones: política, social y económica.
Desde la mirada política de la educación, con la instauración de la Constitución de 1980 se lleva a cabo un cambio radical en diversas materias, entre las que se incluye el sistema de educativo. Este cambio no solo repercute en cómo abordar el desarrollo de la educación y cuáles son los principios para llevar a cabo esta tarea fundamental, sino también, destaca el cambio profundo en la forma de concebir el rol del Estado. Este deja de ser el sostenedor principal del sistema educativo, abriéndose a otros actores determinantes en el desarrollo educativo del país. Consigo, en menos de una década emergen colegios secundarios y un sistema de educación terciaria que inicia un proceso de transformación que, en muy poco tiempo, duplicó el número de universidades.
En lo referido al sistema educativo, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se configuran como los dos ejes centrales de la discusión actual y de la política a seguir. Respecto del derecho a la educación, la Constitución inscribe este principio a la “potestad que asiste a toda persona a desarrollarse plenamente en las distintas etapas de su vida”. Este principio describe quiénes son los responsables del efectivo ejercicio de este derecho y establece una jerarquía con diversas misiones según su nivel de responsabilidad: los padres, la comunidad y, finalmente, el Estado. El segundo principio educativo de libertad de enseñanza plantea, a partir de las bases de la institucionalidad chilena (art. 1-6 de la Constitución), un objetivo armónico en el sentido de contrarrestar el poder del Estado y supeditar, implícitamente, el principio del derecho a la educación ante el principio de libertad de enseñanza, lo que favorece el distanciamiento y particulariza las oportunidades de la sociedad en todas sus dimensiones y modalidades.
Con todo lo anterior, y bajo el panorama actual, expresamos nuestra más firme convicción que nuestra carta política y social debe ser reformulada. En este sentido, sostenemos que el Estado debe asegurar derechos y deberes, y generar la tensión ideal entre estos y el principio de libertad
individual, para lo que resulta indispensable el desarrollo amplio y democrático de una nueva carta constitucional.
Ahora bien, desde un enfoque social de la educación, la condición de ciudadano en estos últimos 30 años se ha visto enfrentada a criterios de evaluación que determinan diferentes componentes de la ciudadanía. Esta afectación se refiere a aquellos ámbitos de la vida de los ciudadanos que repercuten en el desarrollo de sus potencialidades esenciales, en el ámbito de las necesidades básicas (salud y educación) y en el ámbito de la integración social (empleo, pobreza y desigualdad).
Los problemas de la ciudadanía tienen una consecuencia directa para la legitimación de cualquier sistema político, ya que estos permiten a la sociedad participar de manera activa en la adopción de decisiones importantes respecto de su propio bienestar. La sustentabilidad democrática depende en gran parte de la resolución de esta cuestión y, para ello, el debate sobre la economía y la diversidad de formas de organización son indispensables en el desarrollo de políticas de bienestar social. De estas interpretaciones, y desde un punto de vista democrático, se extrae la necesidad de replantear nuevas alternativas de progreso, en las que el Estado, el cumplimiento de los derechos humanos y el mercado reconfiguren su rol, a objeto de alcanzar una ciudadanía social plena.
El análisis de la relación entre la ciudadanía y el sector educativo, podemos describirlo a partir de diferentes tipos de ciudadanía y de la existencia de altos niveles de desconexión entre la sociedad y el Estado, lo que merma los esfuerzos tendientes a la integración de la sociedad, privatiza la discusión de las políticas educativas y vulnera la naturaleza pública de la educación.
Destacamos que es necesario transitar desde una ciudadanía de interpretación neoliberal que apunte hacia el fortalecimiento de las relaciones en el ámbito de la esfera privada, hacia una ciudadanía activa, pluralista y responsable. Tal objetivo supone la necesidad de debatir, redefinir y reconfigurar nuestra democracia, abriendo espacios de acción y favoreciendo la participación.
A su vez, desde un punto de vista económico, destacan demandas que hacen referencia a las instituciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho a la educación en todos sus niveles. Entre estas, destacan: las demandas de financiamiento, que corresponden a la garantía económica que deben desplegar las instituciones del Estado para permitir los derechos de la ciudadanía; y las demandas de legalidad institucional, que hacen alusión al correcto funcionamiento de las instituciones en el marco de un Estado de Derecho.
La inconsistencia que se descifra del sistema político y administrativo actual, tiene consecuencias directas sobre el sistema educativo y los derechos de los ciudadanos, las que se traducen en diferentes niveles de exclusión. Estos déficits de recursos y de oportunidades se han visto incrementados de manera continua por el modelo económico imperante, el que alienta un proceso de privatización de los servicios sociales.
Ante este contexto, destacan algunos elementos desde una perspectiva pragmática, tecnocrática y economicista que afectan al campo de la educación, a saber: las restricciones del gasto y de la inversión pública; la liberalización de la oferta de capital y trabajo mediante la desregulación y abandono de los controles al capital extranjero; las reducciones impositivas, especialmente para empresas; medidas antisindicalistas; privatización de servicios públicos (salud y educación); endurecimiento de condiciones de legibilidad y prestaciones de la seguridad social, entre otros.
Por todo lo anterior, sostenemos que la economía debe incluir una interpretación del bien común basada en una concepción de justicia social. Llevar a cabo esta tarea requiere potenciar a la ciudadanía y exige tomar en consideración algunos elementos constitutivos del sistema económico. En primer lugar, las libertades políticas son una condición esencial para hacer realidad el ejercicio y la defensa de los derechos humanos y asegurar la libertad de expresión, como también para garantizar elecciones libres y democráticas en que las personas puedan expresar cómo desean construir su propia sociedad, quiénes deben gobernar y bajo qué principios. Por otro lado, los servicios económicos refieren, por una parte, a la existencia de oportunidades para todos los miembros de la comunidad de participar en la producción, distribución y consumo de bienes y, por otra, a la garantía de que los recursos materiales, incluidos los financieros, se distribuyan de una manera equitativa.
Toda sociedad precisa asegurar a cada ciudadano y ciudadana el acceso a aquellos servicios que influyen de una manera muy importante en el ejercicio de la libertad, entre ellos, uno de los servicios más importantes es la educación. Si una parte de la población tiene problemas estructurales para vivir, difícilmente se puede decir que tiene libertad para decidir en qué quiere trabajar, estudiar y qué beneficios desea obtener. Tendrá que contentarse con lo que le ofrezcan, si es que tiene la posibilidad de que le ofrezcan algo. Por tanto, no existe la meritocracia sin justicia social.
Para finalizar, invitamos a levantar un debate amplio y nacional sobre las dimensiones mencionadas y a enmendar el rumbo de nuestro país. Solo así podremos construir una sociedad más justa, educada y con mejores expectativas de desarrollo.
Pablo Camus Galleguillos
Decano Facultad de Educación
Universidad de Antofagasta
