Declaración Pública Académicas/os y Funcionarias/os de la Universidad de Antofagasta

Estamos viviendo la crisis política y social más profunda de las últimas décadas. Miles de personas se han volcado a las calles en todo Chile para exigir cambios políticos y sociales frente a la inaceptable desigualdad e inequidad multidimensional y estructural del país. Consideramos que las demandas son justas y necesarias, ante esto, el Estado debe tener el rol de garantizar la seguridad de las personas que se manifiestan, protegiendo también el derecho a manifestarse.

Durante este estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha reportado miles de personas detenidas y heridas y ha presentado cientos de querellas por torturas. Hasta la fecha hay 23 personas fallecidas y otras personas desaparecidas de las cuales se desconoce hasta hoy su paradero. Según cifras del INDH, 177 personas han sufrido lesiones y pérdidas oculares desde el inicio de las manifestaciones sociales el 18 de octubre. La Sociedad Oftalmológica de Chile dice que no existen precedentes en la historia de un número similar de lesiones oculares, calificando esta situación como una “emergencia sanitaria”.

La violencia se respira en las ciudades, la violencia material pero más importantemente la violencia hacia las personas de parte de la fuerza policial y militar. Hemos presenciado decenas de videos que representan una violación sistemática de los DDHH y no constituyen hechos aislados como declara el Estado y Carabineros, desentendiéndose de las responsabilidades políticas ejercidas en democracia hacia las personas que tienen derecho a
manifestarse y reunirse expresando su malestar públicamente.

Es por esto, que condenamos enérgicamente las violaciones a los Derechos Humanos sufridos por la población en estas últimas 3 semanas. En particular, condenamos la violencia en contra de los estudiantes secundarios y universitarios en todo el país y en nuestra ciudad. Hasta la fecha 41 estudiantes de la Universidad de Antofagasta han sido detenidos por protestar pacíficamente, lo cual no puede dejarnos indiferentes.

Como miembros de la comunidad universitaria, académicos y funcionarios declaramos nuestro más absoluto rechazo a las acciones de violencia contra nuestros jóvenes y solicitamos a la máxima autoridad nacional y regional detener las formas represivas contra manifestaciones pacíficas válidas en el contexto de la crisis social que atraviesa nuestro país y en un estado de derecho donde están garantizadas las libertades de expresión y desplazamiento.

Estamos a disposición para contribuir con conocimiento, ideas y acciones para mejorar nuestra convivencia pero sobre todo para disminuir las inequidades existentes en nuestra sociedad. Como comunidad universitaria nos mantendremos atentos a los acontecimientos y no descartamos solicitar la presencia de organismos internacionales de derechos humanos para denunciar las violaciones a los derechos humanos que el Estado de Chile está cometiendo en Democracia.

Antofagasta, 07 de Noviembre de 2019

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